La odisea judicial de la directora de Amnistía Internacional en Turquía

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La activista Idil Eser (Estambul, 1963) se siente con más ganas de disfrutar de la vida que nunca. Tras pasar casi cuatro meses en prisión provisional, y con un juicio pendiente que podría privarle de su libertad durante casi un decenio, la directora de la rama turca de Amnistía Internacional (AI) asegura que el placer que le producen la música, los colores o la naturaleza se ha multiplicado recientemente. Eser considera que las acusaciones relacionadas con terrorismo a las que se enfrenta son “incomprensibles”.

El pasado 5 de julio supuso un punto de inflexión en la vida de Eser. La activista participaba junto a otros nueve defensores de los derechos humanos —no todos miembros de Amnistía Internacional— en un taller sobre seguridad digital en la isla de Buyukada, al sur de Estambul, cuando la Policía irrumpió en el edificio y los detuvo a todos. Pasó más de 100 días entre rejas, sintiéndose indefensa al enfrentarse a un auto de procesamiento que considera estrambótico. “Se nos acusa de pertenencia a una organización terrorista, pero no se especifica cuál. No sabía qué debía responder ante el juez porque la imputación no se sostenía”, asegura en una entrevista realizada este lunes en Madrid.

El caso de los 10 de Estambul (como les ha apodado la prensa local) es uno de los muchos procesos abiertos contra miembros de la sociedad civil turca. Más de 50.000 personas han sido detenidas con el pretexto de formar parte de alguna organización terrorista próxima al clérigo Fetulá Gülen, exiliado en Pensilvania (EE UU) y al que Ankara considera el principal instigador del fallido golpe de Estado de 2016, en el que murieron unas 300 personas. “Las cárceles del país están masificadas, pero se están construyendo muchas nuevas”, explica la activista, quien confía en que a pesar de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha pregonado que reinstaurará la pena de muerte, esta no llegue a aplicarse por la presión internacional, y que, en caso de hacerlo, nunca sea con carácter retroactivo.

Los diez activistas fueron separados el mismo día de su detención. Eser estuvo en cuatro cárceles distintas hasta que terminó en un centro de máxima seguridad. “La atención internacional que acaparó mi caso me benefició en el trato recibido y en el cumplimiento de las garantías procesales, pero también provocó que me destinaran a una prisión reservada para los peores criminales”. Eser, y el resto de detenidos en la “reunión secreta en la que aprendían a encriptar mensajes”, según el auto de procesamiento, fueron puestos en libertad bajo fianza el 25 de octubre.

Peor suerte ha vivido hasta ahora el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç, que fue encarcelado un mes antes que los 10 de Estambul, acusado de haber instalado en su teléfono la aplicación ByLock, un servicio de mensajería encriptada que Ankara considera que fue esencial en la preparación del golpe. Dos informes periciales determinaron que Kiliç nunca había descargado esa app en su dispositivo. En enero, un tribunal de Estambul decretó libertad con cargos para el presidente de la ONG, pero al día siguiente la misma corte revocó su decisión tras un recurso de la Fiscalía.

Eser, que ha dedicado toda su vida laboral a la defensa de los derechos humanos, no esconde durante la entrevista su miedo a volver a la cárcel. “El proceso puede dilatarse más de 10 años hasta que haya una sentencia firme. Eso resulta bastante angustioso”, explica la activista. “Salí de la cárcel con la intención de exprimir la vida, de no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy”, asegura. A sus 54 años, decidió hacerse un tatuaje en un tobillo a los pocos días de obtener la libertad provisional. “Lo he tenido en mente desde que era universitaria. No lo iba a dejar pasar más. Carpe diem”.

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